twelve. Subraya que el principio de reconocimiento mutuo debe basarse en la confianza mutua, lo que únicamente puede lograrse si se garantiza en toda la Unión el respeto de los derechos fundamentales y procesales de los sospechosos y acusados durante los proceso penales; recuerda la importancia de aplicar las Directivas sobre derechos procesales al objeto de garantizar el derecho a un juicio justo; insta a la Comisión, en este sentido, a que garantice la plena y correcta aplicación de estas Directivas y a que considere incoar procedimientos de infracción cuando sea necesario;
H. Considerando que el reconocimiento mutuo requiere un alto grado de confianza mutua entre los Estados miembros y es la consecuencia de compartir un concepto común del Estado de Derecho y los derechos fundamentales; que, en la presente coyuntura, de histórica y critical importancia, la Unión necesita esa confianza para superar los desafíos comunes; que el fortalecimiento de la confianza es elementary para el buen funcionamiento de la orden de detención europea;
Imaginamos las dificultades que pueden encontrar aquellos involucrados en estos temas por razones personales o familiares en la búsqueda de protección.
11. Considera que deben adoptarse nuevas medidas horizontales para reforzar el principio de cooperación leal consagrado en el artworkículo 4, apartado three, del TUE y para aumentar la confianza mutua en los sistemas nacionales de justicia penal, propiciando de este modo una cooperación judicial más eficiente; destaca que la comprobación de la doble tipificación limita el reconocimiento mutuo y, según el Tribunal, debe interpretarse de manera restrictiva; destaca, no obstante, que actualmente preocupa la falta de definición adecuada de los delitos a los que ya no se aplica la regla de la doble tipificación; señala que el reconocimiento mutuo debería operar, preferentemente, de modo automático(37), sin reevaluar los motivos de fondo de la acusación, y que la denegación solo debería tener lugar cuando esté justificado invocar alguno de los motivos de denegación enumerados exhaustivamente en la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea o cuando otras circunstancias, reconocidas por el Tribunal, justifiquen limitaciones a los principios de reconocimiento mutuo y confianza mutua entre Estados miembros;
e) Cuando el proceso penal no concluye con la aplicación de una medida restrictiva de la libertad specific de la persona.
b) El Estado miembro al que el condenado vaya a ser expulsado una vez puesto en libertad sobre la foundation de una orden de expulsión o traslado contenida en la sentencia o en una resolución judicial o administrativa derivada de la sentencia.
b) Con el fin de proceder al cumplimiento de una condena a una pena o una medida de seguridad no inferior a cuatro meses de privación de libertad, o de una medida de internamiento en régimen cerrado de un menor por el mismo plazo.
c) Que haya regresado al Estado donde reside legal y habitualmente o que, aun estando en nuestro país, haya manifestado su voluntad de regresar a éste o a otro Estado miembro que lo autorice.
two. Si las autoridades judiciales españolas hubieran acordado la entrega de una persona a otro Estado miembro de la Unión Europea, en virtud de una orden europea de detención y entrega, y les fuera solicitado su consentimiento por las autoridades judiciales de emisión con el fin de proceder a su extradición a un tercer Estado no miembro de la Unión Europea, dicho consentimiento se prestará de conformidad con los convenios bilaterales o multilaterales en los que España sea parte, teniendo la petición de autorización la consideración de demanda de extradición a navigate here estos efectos.
Además, la ODE se aplica solo entre los estados miembros de la UE, mientras que la extradición se aplica a nivel internacional. La ODE se basa en la confianza mutua entre los estados miembros de la UE en cuanto a la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
one. En el caso de que la duración de la condena impuesta en la resolución sea incompatible con la legislación española vigente en el momento en el que se solicita el reconocimiento de la resolución por superar el límite de la pena máxima prevista para ese delito, el Juez Central de lo Penal podrá adaptar la condena.
37. Pide a la Comisión que estudie la viabilidad de instrumentos complementarios sobre derechos procesales, como los relativos a la admisibilidad de pruebas y a las condiciones penitenciarias de la prisión preventiva, tomando como base o superando, en particular, las normas del Consejo de Europa, también por navigate here lo que respecta a la duración máxima de la prisión preventiva; afirma que la Comisión debe aspirar al mayor grado de exigencia, respetando plenamente los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; considera que la ausencia de unas normas mínimas en materia de condiciones penitenciarias y prisión preventiva a escala de la Unión, de límites en el uso de la prisión preventiva como medida de último recurso y de la consideración de alternativas, unida a la falta de una evaluación adecuada sobre si los asuntos están listos para la celebración del juicio, puede conllevar for everyíodos this contact form injustificados y excesivos de prisión preventiva para sospechosos y acusados; recuerda que esta situación se ha visto aún más agravada por la pandemia de COVID-19; pide a la Comisión que alcance unas normas mínimas a escala de la Unión, en distinct sobre las garantías procesales en materia penal y las condiciones penitenciarias y de detención, y que refuerce los instrumentos de información destinados a las autoridades nacionales de ejecución sobre las condiciones de prisión preventiva y reclusión en cada Estado miembro;
one. En caso de que la persona reclamada haya sido extraditada a España desde un tercer Estado, y de que la misma estuviere protegida por disposiciones del acuerdo en virtud del cual hubiere sido extraditada relativas al principio de especialidad, la autoridad judicial española de ejecución solicitará la autorización del Estado que la haya extraditado para que pueda ser entregada al Estado de emisión.
Si el condenado se encuentra en el Estado de ejecución, el Juez de Vigilancia Penitenciaria, a instancia del Ministerio Fiscal, podrá pedir a la autoridad competente del Estado de ejecución que adopte una medida restrictiva de la libertad own del condenado o cualquier otra medida destinada a garantizar su permanencia en dicho territorio.